El Colegio de Químico-Farmacéuticos y Bioquímicos de Chile denuncia que persiste la circulación de anticonceptivos defectuosos. Ahora se trata de Ciclomex 20 CD, de Abbott. Esto se evidencia con una caja adquirida el 30 de octubre en una farmacia comunitaria.

A juicio de la Orden Profesional resulta impresentable que, a un año de detectarse la falla en el envasado de otro anticonceptivo oral, con el devenir de las graves consecuencias para las usuarias, ni laboratorios fabricantes ni el Instituto de Salud Pública (ISP) hayan corregido los procesos de control de calidad y continúen exponiendo a mujeres sin haber reforzado sus procedimientos con orientación a garantizar la seguridad de las pacientes; vulnerando así gravemente, sus derechos sexuales y reproductivos.

Ciclomex 20, anticonceptivos

Esta situación da cuenta de que, si bien el Instituto de Salud Pública en su momento aplicó la mayor multa posible al Laboratorio Silesia – que fue irrisoria ante la dimensión del daño causado- esto no generó una conciencia en los actores del sector y mejoras en los procesos de control de calidad, en estos productos tan críticos para la población.

Cabe recordar que el ISP endosó injusta e improcedentemente la responsabilidad del control de calidad, a los profesionales químico farmacéuticos de la red asistencial atribuyéndoles obligación de “inspección visual”, que en las farmacias comunitarias tradicionales es aún más inaplicable que en el sistema público, ya que el producto anticonceptivo viene en cajas cerradas y se dispensa de igual modo.

El Colegio Farmacéutico califica de decepcionante y vergonzoso este hecho, que demuestra la ineficacia de fabricantes, reguladores y fiscalizadores. Además, el Estado tampoco ha asumido su responsabilidad apoyando a las víctimas, a través de respuestas concretas a un tema que puede afectar desde múltiples perspectivas.

Los representantes del Colegio Profesional consideran que el Estado también debe involucrarse ejerciendo acciones legales en contra del laboratorio y defendiendo a estas mujeres vulneradas y a sus hijos. Las consecuencias de este tema son muy complejas, porque asumir una maternidad, usando un método anticonceptivo para la planificación familiar, no debe quedar impune.

La deficiente gestión tanto del laboratorio como de la entidad reguladora y estatal de esta grave irresponsabilidad de la industria, se suma a la brecha de la política pública en el país respecto a la salud sexual y reproductiva, a los intereses económicos en juego y a la nula empatía con las usuarias del anticonceptivo. Todos estos, factores que quiebran las confianzas de la población en el correcto desempeño de cada actor garante de la seguridad de los pacientes.

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